La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina que el método de comprobación del valor real de inmuebles, a los efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que posibilita la Ley General Tributaria, consistente en multiplicar el valor catastral por un coeficiente, no es idóneo ni adecuado, salvo que se complemente con una comprobación directa por parte de la Administración del inmueble concreto sometido a valoración.

La Sala fija esta doctrina en cuatro sentencias dictadas en los últimos días, donde se examinan los recursos de la Junta de Castilla-La Mancha que pretendían elevar el valor declarado por cuatro contribuyentes, para liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de las viviendas que adquirieron en el año 2012 a la inmobiliaria del Banco Santander en Seseña (Toledo), después de que dicha entidad se adjudicara dichos inmuebles que formaban parte de las promociones de ‘El Pocero’. Los cuatro ciudadanos declararon como valor el precio declarado en la escritura por la compra, que oscilaba entre los 65.000 y los 82.000 euros, pero la Consejería de Hacienda elevó el valor a entre 120.000 y 130.000 euros, aplicando la comprobación señalada en el artículo 57.1.b de la Ley General Tributaria, es decir, multiplicando el valor catastral por el coeficiente del municipio establecido en una orden de la comunidad autónoma, aumentándoles de ese modo el importe del impuesto.

El TSJ de Castilla-La Mancha, en sentencias ahora confirmadas por el Supremo, dio la razón a los contribuyentes en contra de la Hacienda autonómica. El ponente, el magistrado Navarro Sanchís concluye que «el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo».

Añade, además, que la aplicación de ese método de comprobación «no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, figuren en disposiciones generales o no», así como que «la aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral».

La Administración debe probar el valor

Y además, deja claro a quién corresponde la carga de la prueba en este terreno: «el interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia». En el caso concreto examinado, los contribuyentes defendieron que la inmobiliaria vendedora llevó a cabo una drástica reducción de precio, ampliamente publicitada en la urbanización donde compraron, atendiendo a las condiciones del mercado en el año 2012, por lo que nada permite sospechar que el precio real que pagaron no fuese el escriturado.

La Sala 3ª contesta también a la pregunta de si, en caso de no estar conforme, el contribuyente puede utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho o resulta obligado a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor real comprobado por la Administración tributaria a través del expresado método del artículo 57.1.b de la Ley.

En este terreno, el Supremo confirma su jurisprudencia en el sentido de que la tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las conclusiones del acto de liquidación en que se aplican los mencionados coeficientes sobre el valor catastral, sino que su utilización es meramente potestativa. Así, para oponerse a la valoración del bien derivada de la comprobación de la Administración basada en el medio consistente en los valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes, el interesado puede valerse de cualquier medio admisible en derecho, debiendo tenerse en cuenta lo establecido sobre la carga de la prueba que recae en la Administración.

También señala la sentencia que en el seno del proceso judicial contra el acto de valoración o contra la liquidación derivada de aquél el interesado puede valerse de cualesquiera medios de prueba admisibles en Derecho, hayan sido o no propuestos o practicados en la obligatoria vía impugnatoria previa. Y fija también la Sala que la decisión del Tribunal de instancia que considera que el valor declarado por el interesado se ajusta al valor real, o lo hace en mayor medida que el establecido por la Administración, constituye una cuestión de apreciación probatoria que no puede ser revisada en el recurso de casación.

En relación a la orden de Castilla-La Mancha de diciembre de 2011, que establecía los diferentes coeficientes de las poblaciones, para valorar los bienes inmuebles, el TS indica que las explicaciones sobre la metodología usada para fijarlos es vaga, y «falta la expresión de una sola razón que permita comprender que en 2007 el coeficiente para Seseña fuera el 6,31 y cambiara a 1,88 en el año 2012, variación tan copernicana que habría merecido una mínima explicación a los ciudadanos, ausente en ambas órdenes autonómicas y en su acto de aplicación en la liquidación».

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los seis magistrados que la han dictado, Nicolás Maurandi, quien comparte el fallo de desestimar los recursos de la Junta en el caso concreto, pero defiende en general que el uso de un sistema de coeficientes puede ser un instrumento eficaz y acorde al principio de seguridad jurídica, teniendo el contribuyente la posibilidad de hacer valer ante la Administración los datos singularizados del concreto bien inmueble que es objeto de comprobación.

Fuente: Cincodias 16 JUN 2018 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/15/legal/1529067629_350834.html

Opinión:

De este artículo, se desprende, que en la actuación de la Administración priman los intereses recaudatorios y que la interpretación de la normativa, de su normativa, tienen un objetivo bien definido. Y no se critica la recaudación, por otro lado, imprescindible para el desarrollo de la sociedad y de la comunidad, pero lo que sí que se cuestiona es que esta recaudación se realice en los extremos de la legislación vigente, y siempre en el punto en que se aprovecha dicha Administración, de haber promulgado unas leyes ambiguas, para realizar una recaudación interesada. Como se indica por el Tribunal, de una manera muy específica, en la promulgación de unas Normas y Leyes, en las que el Ciudadano, no solo, no ha podido tener intervención, sino que están específicamente diseñadas en numerosos casos, para someter no solo su voluntad, sino en muchas ocasiones, su patrimonio y su trabajo, a los intereses de la Administración recaudadora, que posteriormente no revierte en los Ciudadanos, los beneficios de la recaudación obtenida.

Y el caso de la Urbanización de Seseña, es uno de los más sangrantes, ya que es reconocido por los ciudadanos, el abandono de la Administración de Castilla La Mancha, por dicha zona. Desde la existencia, durante más de una década, de un vertedero ilegal de neumáticos que terminó espúreamente incendiado para evitar el costoso reciclado de dichos elementos contaminantes. O como ha sucedido en España en este último año, en el que numerosas industrias de reciclaje, con importantes subvenciones del Estado y de las Administraciones locales, han devenido incendiadas, con el gravísimo daño medioambiental producido.

El caso mencionado anteriormente de Seseña, obligó al desalojo de muchas viviendas, el cierre de colegios, de los pocos negocios de la urbanización y generaron un daño ambiental y económico que no fue valorado posteriormente. Los responsables de la existencia del vertedero ilegal, a pesar de las numerosas denuncias realizadas en medios públicos y privados, actuaron con dejadez manifiesta, deviniendo dicho incendio en el momento en que se estaba investigando oficialmente las irregularidades producidas en su ampliación.

En la actualidad, la administración de Castilla La Mancha sigue sin resolver los problemas de la Urbanización del Pocero, en lo que se refiere, a la descontaminación profunda de los acuíferos de la zona, la prácticamente nula existencia de red publica de transporte, y de las dotaciones de la Administración, que se previnieron, para dicha zona, quedando dicha zona, como una isla en un páramo improductivo, y como Ciudad dormitorio, para sus habitantes, con escasas o nulas perspectivas de desarrollo.